Desacatos, petróleo y empresas rusas: ¿Qué sucede realmente en Venezuela?
Una
consulta de la principal estatal petrolera provocó el polémico fallo
que cesó las funciones del Parlamento. ¿La razón? Una empresa rusa que
quiere comprar el 10% de una empresa mixta venezolana, pero la decisión
debía pasar por la Asamblea Nacional, que se encuentra en desacato desde
hace más de un año. Aquí intentamos explicar qué ocurre realmente en
Venezuela.
/ Presidencia Venezuela
“Es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela“, dijo hoy tajante el presidente Nicolás Maduro.
Ayer el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
anunció el cese de funciones del Parlamento por encontrarse en
desacato, hecho que provocó una serie de reacciones alrededor del mundo.
Inmediatamente, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Julio Borges salió a denunciar un “golpe de Estado”,
además de interpelar a las Fuerzas Armadas: “Queremos hacer un llamado
para que sean los primeros guardianes de la democracia y de la
Constitución. No pueden seguir callados”, dijo, mientras rompía el
documento emitido por el TSJ.
Julio Borges
A él se sumó Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien también acusó un “autogolpe” del gobierno venezolano.
Sin
embargo, y pese a las editoriales de los grandes medios y el
oportunismo de criticar la medida, la situación en Venezuela es bastante
más compleja de lo que se cuenta.
¿Está en desacato la Asamblea Nacional?
Es el principal argumento del oficialismo para justificar la polémica medida del TSJ.
El 6 de diciembre de 2015 se realizaron las asambleas legislativas en Venezuela, las que por primera vez en más de 15 años, le dieron la mayoría a la oposición al chavismo.
Pero lo más polémico estuvo en los comicios de la gobernación de
Amazonas, donde se denunció a la entonces secretaria de gobernación de
entregar dinero para que voten por los candidatos de la oposición.
El tribunal, ante dichas evidencias, suspendió la proclamación de tres diputados opositores del Estado de Amazonas. Con esos tres, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) alcanzaba la mayoría absoluta de la AN
(dos tercios de los diputados), lo que le permitía aún más atribuciones
para enfrentarse al oficialismo. Entre otras cosas, cambiar la
correlación de fuerzas en el propio TSJ.
Pese al fallo, la AN insistió en su proclamación, por lo que el tribunal la declaró en desacato. Es decir, que sus decisiones eran nulas mientras continuaran esa decisión.
Romel Guzamana, uno de los diputados cuestionados por el TSJ
Desde entonces que el choque de poderes es constante en Venezuela, de uno y del otro lado. El gobierno de Maduro los acusa de “traición a la patria” por llamar a que se aplique la Carta Democrática contra el país. La Asamblea
Nacional responde con declarar un supuesto “abandono” del cargo de
Maduro, además de intentar convocar a elecciones anticipadas sin tener
la potestad de hacerlo.
Ante la grave crisis económica
que pasa el país, ambas partes intentaron acercarse a principios de este
año. La directiva liderada entonces por Henry Ramos Allup
impulsó un acuerdo que incluía desincorporar a los diputados del
Amazonas, lo que provocaría que la AN deje de estar en desacato.
En
la oposición venezolana conviven distintos sectores políticos que
apuntan a distintas estrategias de cómo derrocar a Maduro. El acuerdo
entre el gobierno y la directiva de Ramos Allup quedó en nada después de
que este dejara su cargo y asumiera (estando en desacato) Julio Borges, quien se retiró del diálogo con el gobierno.
Un fallo simbólico
El TSJ considera nulas las actuaciones de la Asamblea Nacional desde hace más de un año.
Estrictamente, sus acciones no tienen el poder real de un Parlamento.
Es decir, el fallo de ayer solo viene a confirmar una acción que viene
desde hace tiempo.
“Desde hace mucho rato, la Asamblea no ha
tenido poder real para cumplir sus funciones. Sus competencias han sido
completamente tomadas por el Tribunal. Se trata de una acción de facto
que evolucionó a una acción explícita, donde el TSJ se evita la molestia
de tomar decisiones individuales y asume todas las funciones
directamente”, afirmó el analista venezolano Luis Vicente León a BBC.
“No pasa nada en términos empíricos, sino simbólicos”, agregó.
Siempre es la economía
¿Por
qué el TSJ “tomó” las atribuciones de la Asamblea Nacional, un año
después de declararla en desacato? La respuesta es más simple de lo que
se cree.
La principal empresa estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA) hizo una consulta al TSJ que gatilló el fallo. La Constitución establece que es la AN la encargada de aprobar la conformación de “empresas mixtas” o consorcios que quieran interactuar financieramente con el desarrollo petrolero en Venezuela. El gobierno -a través de PDVSA- consultó qué hacer con ese requerimiento con la Asamblea en desacato.
¿Por qué lo hizo? Porque la estatal petrolera recibió una oferta de la empresa rusa Rosneft, que quiere comprar el 10% de Petropiar, una compañía mixta de extracción petrolera cuyo control está en un 70% en PDVSA y en un 30% en la estadounidense Chevron.
El
año pasado, la misma empresa rusa anunció un aumento de su
participación en Petromonagas, otra de las mixtas extractoras del crudo
venezolano. La oposición, mayoría en la Asamblea Nacional, calificó de
“ilegal” la medida por beneficiar a los rusos y ya había anunciado su
rechazo al nuevo anuncio de inversión de Rosneft.
Estando en desacato, la Asamblea no puede ni quiere firmar ninguna autorización.
Petróleos de Venezuela
¿Qué tiene que ver el fallo del TSJ?
La polémica decisión de ayer se puede interpretar como una forma de facilitar la compra del 10% de Petropiar por parte de la empresa rusa.
Esto
dice el tribunal en el numeral 1 de su dictamen: “Sobre la base de la
omisión inconstitucional declarada (del parlamento), declaró (la Sala
Constitucional del TSJ) que no existe impedimento para que el Ejecutivo
Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el
artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, debiendo informarle a
la Sala Constitucional de todas las circunstancias pertinentes a dicha
constitución y condiciones. Así como también cualquier modificación
posterior de las condiciones deberá ser informada a la Sala”.
El meollo del asunto está ahí. La función que asume el Tribunal es velar por que los negocios de PDVSA cumplan con la Ley de Hidrocarburos.
Es decir, autoriza a Nicolás Maduro a tener más facilidades dentro del
“Estado de Excepción y Emergencia Económica”, declarado en 2016.
¿Fue un “autogolpe”?
“Ésta no es una sentencia más, es una sentencia que marca un punto de no retorno de la dictadura
que requiere iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia
para enfrentar esta arremetida”, declaró el diputado opositor Freddy
Guevara.
Estrictamente, eso no es así.
El
fallo del TSJ estipula claramente el carácter temporal de la situación.
Si la Asamblea Nacional desiste de la proclamación de los tres diputados
del Amazonas, en teoría podría retomar sus funciones como Parlamento.
Ayer, el diputado Giorgio Jackson aseguró que el oficialismo “cerró el Congreso por ser minoría”.
Eso, a la vista del fallo emitido por el TSJ, tampoco es cierto. El Parlamento no se ha cerrado ni se han convocado a nuevas elecciones.
¿Y ahora qué?
Algunos
analistas internacionales han declarado que la situación puede abrir el
camino a empresas petroleras extranjeras, que habían visto estancadas
sus intenciones por el actuar de la Asamblea Nacional.
Esto
beneficiaría las intenciones del gobierno de Maduro y al negocio
petrolero, conocido por operar en situaciones políticas turbulentas.
Aunque finalmente todo es especulación, pues la escasa certeza jurídica
que existe en Venezuela podría desestimar la inversión en el país
bolivariano.
De fondo se mantiene el fantasma que ha perseguido por siempre a la Venezuela Bolivariana: Su excesiva dependencia al extractivismo petrolero.
La década de las bonanzas de las materias primas se acabó hace rato,
pero al no haber un cambio de matriz productiva, la venta -y
dependencia- de petróleo sigue y seguirá siendo la salida.
Fuente: http://www.eldesconcierto.cl
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