¿Hubo autogolpe?
No. Para empezar, que el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia
asume la situación actual de desacato de la Asamblea Nacional
venezolana, al no resolver la situación de 3 mal llamados diputados de
Amazonas, cuya juramentación fue espuria por haber sido impugnada ante
el ente electoral venezolano. Aunque el TSJ declara los "constantes"
actos de desacato del parlamento y su actitud contraria a la
institucionalidad señalada en la Constitución por desconocimiento del
Poder Judicial, no desconoce la existencia del mismo ni los cargos de
quienes (sin impugnaciones) lo integran y cuentan con su nombramiento.
En esencia, el dictamen del TSJ mantiene
el espíritu de dictámenes anteriores, donde se conminó repetidamente al
parlamento a desistir de su posición de desacato, ya que el TSJ declara
que asumirá funciones del parlamento "hasta la superación del desacato"
del parlamento. Lo que constituye una situación de "golpe de Estado" es
el desplazamiento de un factor político, desmembrándolo. No hay golpe
de Estado cuando ese factor político puede, por vías legales e
institucionales, volver a funciones, como efectivamente podría hacer la
Asamblea Nacional si decide volver al ruedo institucional superando su
desacato. Un golpe de Estado desconocería esa posibilidad que aún tiene
el parlamento.
¿Se disolvió a la Asamblea Nacional?
Definitivamente no. De hecho, la Asamblea Nacional podría volver a
funciones en sólo unos días si tan sólo Henry Ramos Allup y la directiva
electa en enero de 2016 deciden desincorporar a los "diputados" de
Amazonas y luego colocar a Julio Borges en la presidencia del
parlamento. La directiva de Ramos Allup ha sido la única electa en
situación de acato constitucional. No es el caso de la directiva de
Julio Borges. Visto así, todos los actos de la directiva de Borges son
nulos.
Recordemos que en el mes de enero, luego del diálogo con el chavismo,
la AN aceptó retirar a los diputados de Amazonas. Aún estando en
desacato, nombraron a Borges y retiraron a los diputados de Amazonas.
Ese acto es nulo. El TSJ conminó al parlamento a cumplir con el
mecanismo de manera jurídicamente correcta, pero se rehusaron e
intempestivamente se retiraron del diálogo trancando el juego político.
Una Asamblea Nacional en condiciones y con garantías de volver a funciones, no es una Asamblea disuelta.
¿Por qué asume funciones el TSJ?
El TSJ, al igual que todos los poderes públicos, está en la
obligación de resguardar el hecho constitucional, el hecho institucional
y en definitiva proteger a la sociedad de todo tipo de conmociones. Es
decir, se trata de la protección del "pacto social" venezolano.
Dada la situación de estancamiento del parlamento autoanulado y en
desacato, se cierne sobre el hecho político la ausencia intermitente de
uno de los poderes del Estado. Situación que ya lleva más de un año.
Esto implica un espacio vacío del Estado, la ausencia de un poder,
situación que pone en desequilibrio y vulnerabilidad institucional al
Estado. En los hechos la MUD ha usado el parlamento para embestir al
Estado todo, al poder Ejecutivo y a los demás poderes públicos y esta
afrenta pone en peligro las instituciones todas y significa una
vulneración del Estado de Derecho. Ante esto, el TSJ se ha pronunciado.
El propósito es sostener el funcionamiento del Estado, de manera
accidental, eventual, mientras los factores políticos que son mayoría en
el parlamento deciden superar su actual situación cuyo nombre jurídico
exacto es "Omisión Inconstitucional Parlamentaria", según la
interpretación del TSJ de la Constitución.
Se recrudece el ciclo de confrontación en los frentes interno y externo en Venezuela
Hay que insistir en que esta será una situación que persistirá en la
medida en que los factores de la MUD en el parlamento lo decidan. El TSJ
es claro y afirma en el numeral 4to de su dictamen: "Mientras persista
la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la
Asamblea Nacional, la Sala Constitucional garantizará que las
competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o
por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho".
¿Hay un evento económico que detonó el asunto?
El chavismo ha denunciado que el parlamento en manos de la MUD ha
elevado exponencialmente los enfrentamientos políticos nacionales, ahora
choques de poderes. Se ha producido una escalada sin precedentes que
para el chavismo y el Gobierno venezolano se traducen en "intentos de
paralización del Estado y del país". El chavismo denuncia también que el
parlamento es parte de un boicot institucional para profundizar otras
situaciones de boicot económico, cuestiones que han dado la única
victoria parlamentaria a la derecha venezolana en 18 años. No es
temeraria ni exagerada esa afirmación. Veamos.
El dictamen del TSJ es consecuencia de una consulta realizada por el
Ejecutivo venezolano por medio de la empresa y corazón de la economía
venezolana, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), quienes están en la
obligación de someter al parlamento conformar "empresas mixtas" o
consorcios, para interactuar financieramente con empresas inversionistas
en los desarrollos petroleros de Venezuela. Pdvsa, ante la situación
del parlamento, sometió a consideración del TSJ una vía para poder
conformar nuevas empresas mixtas y atraer nuevas inversiones.
El TSJ respondió en el numeral 1ero de su dictamen lo siguiente:
"Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada (del
parlamento), declaró (la Sala Constitucional del TSJ) que no existe
impedimento para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en
el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, debiendo informarle a la Sala Constitucional de todas las
circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones. Así como
también cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser
informada a la Sala". Ese es el meollo. Esa es la única función que el
TSJ asume y que aparece explícitamente señalada en su dictamen.
Esto significa que el TSJ sólo debe ser notificado de las
asociaciones de Pdvsa para que el TSJ vele por el cumplimiento de la
actual Ley de Hidrocarburos, y nada más. Autorizan al Presidente a
continuar llevando la dirección económica en el marco del "Estado de
Excepción y Emergencia Económica" vigente para continuar en la labor de
tomar las acciones pertinentes para superar la situación económica
actual.
¿Cuál es la apuesta de los enemigos del chavismo dentro y fuera de Venezuela?
Nadie debe poner en duda que Pdvsa y Venezuela requieren un aumento
del flujo de la inversión extranjera, más todavía si tiene lugar en las
áreas vitales y sensibles a la economía nacional, como es el caso de los
desarrollos petroleros nacionales y el proyecto petrolero más grande
del mundo: la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. ¿Cuál es la
apuesta del parlamento al intentar boicotear esto? ¿Acaso apuesta al
recrudecimiento de la situación económica venezolana? Debemos
preguntarnos.
La reacción desproporcionada de la derecha en Venezuela y en el
extranjero, al declarar un "golpe de Estado" y una "disolución del
parlamento" se inscribe en la trama de caotización e injerencismo que
auspicia el antichavismo dentro y fuera de Venezuela respectivamente.
Ocurre justo ahora, una aceleración de los eventos y una intoxicación
política desproporcionada en varios frentes en simultáneo.
Estados Unidos y otros países obedientes a su agenda exterior mueven
fichas y reaccionan, desconociendo el apego a la legalidad del TSJ
venezolano. Y esto es un asunto de cuidado. A sólo horas del dictamen
del TSJ, el Secretario General de la OEA Luis Almagro, ha convocado a una nueva "reunión de urgencia" del
Consejo Permanente de esa organización para decretar a Venezuela como
Estado forajido. Se recrudece con esto el ciclo de confrontación. Tal
parece que las acciones de boicot a Venezuela recrudecen de maneras cada
vez más consistentes, y a la vez insólitas.
Fuente: Misión Verdad
Comentarios
Publicar un comentario